Volumen 1
Número 2
Julio 2009
Número 2
Julio 2009
La Razón informó que el número de denuncias de maltrato infantil en las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) de El Alto aumentó de 21.000 el 2007, a 23.739 el 2008. De acuerdo a la información del INE y de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA 2003), se estima que de 360.000 niños, niñas y adolescentes (NNA) que viven en El Alto, aproximadamente 300.000 sufren algún tipo de maltrato. Las DNA de El Alto no logran atender ni el 10% de los casos de maltrato, por lo tanto, la magnitud del maltrato infantil no aumenta por el incremento de los registros de las denuncias de maltrato infantil en las DNA.
Las DNA son insuficientes y no tienen capacidad para atender el explosivo crecimiento demográfico de la ciudad de El Alto. La desconcentración de las DNA en siete oficinas distritales no corresponde a los 12 distritos establecidos en este municipio. Además, las DNA no tienen las condiciones básicas para atender con calidad a la población que demanda sus servicios, ocasionando un elevado nivel de insatisfacción y quejas en distintas organizaciones sociales e institucionales.
Las DNA brindan información sobre las denuncias y no sobre la estimación de los casos de maltrato infantil, no se cuenta con un sistema de información, seguimiento y evaluación de la vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia y mucho menos con una instancia que analice y establezca las causas estructurales del maltrato infantil en cada distrito. Se parte del supuesto erróneo de que las condiciones económicas, sociales, culturales y demográficas en los distritos de El Alto son homogéneas, lo que puede conducir al desarrollo de intervenciones “receta” para todos los distritos poco pertinentes.
Las DNA no cuentan con una interpretación integral y estructural del problema del maltrato infantil, no se realiza el análisis de la información que identifique las causas, factores de riesgo y el contexto económico, cultural y social de las familias, por lo tanto, existe la tendencia a una gestión enfocada en los síntomas y no en las causas estructurales.
La definición de las políticas públicas y la gestión institucional están guiadas por una visión asistencialista de corto plazo. Los Gobiernos Municipales no otorgan el presupuesto suficiente para el funcionamiento de las DNA, su infraestructura y equipamiento son precarios y existe un elevado nivel de rotación de un personal poco idóneo no institucionalizado.
Por otro lado, los efectos de los conflictos sociales, crisis económica, el desempleo, las condiciones de trabajo precario y la cada vez mayor desintegración y disfuncionalidad familiar, someten a las personas adultas a intensos estados de estrés, profundizando patrones de comportamiento de aceptación de la violencia como medio para resolver conflictos personales y familiares. Adicionalmente, los resultados de la encuesta "Niñez y conflictos sociales en Bolivia" realizada en el año 2008 por el PNUD y UNICEF, señalan que el 80% de los menores de 18 años han sido muy afectados emocional y psicológicamente por los conflictos sociales.
En este contexto, las perspectivas de disminución del maltrato infantil en el país no son halagüeñas, más bien ese podría esperar una subida en la incidencia del maltrato infantil en los hogares, en las escuelas y en el manejo político de los conflictos sociales.
Ante los serios problemas de conflictos sociales, crisis económica y vulneración de los derechos de la niñez y ante las precarias condiciones institucionales en el diseño e implementación de las políticas públicas en la protección de los derechos de la niñez, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, parecen no tener la más mínima posibilidad de construir un futuro promisorio en el desarrollo integral de la niñez y la protección de sus derechos fundamentales.
Es fundamental cambiar los paradigmas, prioridades y principios políticos y técnicos de la gestión pública. Se debe ajustar el modelo de gestión pública: i) de una interpretación lineal y plana de la realidad, a una comprensión estructural y sistémica de los problemas sociales; ii) de una prioridad basada en la implementación de proyectos y obras con réditos políticos y/o financieros, a una gestión estratégica para la creación de valor público para las comunidades y el país; iii) de una evaluación de la gestión pública basada en la administración y ejecución financiera, a una evaluación de los resultados y efectos alcanzados; iv) de una gestión basada en las consecuencias de corto plazo, a una gestión basada en el largo plazo.
Estas recomendaciones generales de un proceso de reingeniería institucional para una gestión estratégica son necesarias pero no suficientes. Son los primeros pasos para que la gestión de las DNA y de otras organizaciones no esté condenada a la sobrevivencia ejecutando actividades orientadas exclusivamente a la recepción de denuncias y/o solución circunstancial de los síntomas del problema, “colocando curitas a los moretones de una hemorragia interna”.
Las DNA son insuficientes y no tienen capacidad para atender el explosivo crecimiento demográfico de la ciudad de El Alto. La desconcentración de las DNA en siete oficinas distritales no corresponde a los 12 distritos establecidos en este municipio. Además, las DNA no tienen las condiciones básicas para atender con calidad a la población que demanda sus servicios, ocasionando un elevado nivel de insatisfacción y quejas en distintas organizaciones sociales e institucionales.
Las DNA brindan información sobre las denuncias y no sobre la estimación de los casos de maltrato infantil, no se cuenta con un sistema de información, seguimiento y evaluación de la vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia y mucho menos con una instancia que analice y establezca las causas estructurales del maltrato infantil en cada distrito. Se parte del supuesto erróneo de que las condiciones económicas, sociales, culturales y demográficas en los distritos de El Alto son homogéneas, lo que puede conducir al desarrollo de intervenciones “receta” para todos los distritos poco pertinentes.
Las DNA no cuentan con una interpretación integral y estructural del problema del maltrato infantil, no se realiza el análisis de la información que identifique las causas, factores de riesgo y el contexto económico, cultural y social de las familias, por lo tanto, existe la tendencia a una gestión enfocada en los síntomas y no en las causas estructurales.
La definición de las políticas públicas y la gestión institucional están guiadas por una visión asistencialista de corto plazo. Los Gobiernos Municipales no otorgan el presupuesto suficiente para el funcionamiento de las DNA, su infraestructura y equipamiento son precarios y existe un elevado nivel de rotación de un personal poco idóneo no institucionalizado.
Por otro lado, los efectos de los conflictos sociales, crisis económica, el desempleo, las condiciones de trabajo precario y la cada vez mayor desintegración y disfuncionalidad familiar, someten a las personas adultas a intensos estados de estrés, profundizando patrones de comportamiento de aceptación de la violencia como medio para resolver conflictos personales y familiares. Adicionalmente, los resultados de la encuesta "Niñez y conflictos sociales en Bolivia" realizada en el año 2008 por el PNUD y UNICEF, señalan que el 80% de los menores de 18 años han sido muy afectados emocional y psicológicamente por los conflictos sociales.
En este contexto, las perspectivas de disminución del maltrato infantil en el país no son halagüeñas, más bien ese podría esperar una subida en la incidencia del maltrato infantil en los hogares, en las escuelas y en el manejo político de los conflictos sociales.
Ante los serios problemas de conflictos sociales, crisis económica y vulneración de los derechos de la niñez y ante las precarias condiciones institucionales en el diseño e implementación de las políticas públicas en la protección de los derechos de la niñez, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, parecen no tener la más mínima posibilidad de construir un futuro promisorio en el desarrollo integral de la niñez y la protección de sus derechos fundamentales.
Es fundamental cambiar los paradigmas, prioridades y principios políticos y técnicos de la gestión pública. Se debe ajustar el modelo de gestión pública: i) de una interpretación lineal y plana de la realidad, a una comprensión estructural y sistémica de los problemas sociales; ii) de una prioridad basada en la implementación de proyectos y obras con réditos políticos y/o financieros, a una gestión estratégica para la creación de valor público para las comunidades y el país; iii) de una evaluación de la gestión pública basada en la administración y ejecución financiera, a una evaluación de los resultados y efectos alcanzados; iv) de una gestión basada en las consecuencias de corto plazo, a una gestión basada en el largo plazo.
Estas recomendaciones generales de un proceso de reingeniería institucional para una gestión estratégica son necesarias pero no suficientes. Son los primeros pasos para que la gestión de las DNA y de otras organizaciones no esté condenada a la sobrevivencia ejecutando actividades orientadas exclusivamente a la recepción de denuncias y/o solución circunstancial de los síntomas del problema, “colocando curitas a los moretones de una hemorragia interna”.
